En su reciente anuncio, el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea afirmó que la nueva medida del Gobierno de Javier Milei —una resolución que clarifica los alcances de la Ley de Glaciares— es clave para dar seguridad jurídica, atraer inversiones mineras y promover el “crecimiento estratégico” del sector.
Desde el Ejecutivo nacional aseguran que esta resolución será presentada en sesiones extraordinarias antes de fin de año, con la intención de definir los límites y las categorías de impacto ambiental, transferir autoridad de aplicación a las provincias y eliminar confusiones normativas que hoy frenan proyectos mineros.
Para Perea, esta decisión no es solo un guiño al desarrollo minero, sino un cambio estructural: al reducir las barreras legales, se generaría un entorno más confiable para los inversores, lo que permitiría poner en marcha emprendimientos estratégicos de cobre, litio y otros minerales críticos.
Sin embargo, la movida también despierta cuestionamientos. ¿Hasta qué punto flexibilizar la Ley de Glaciares podría implicar riesgos ambientales o sociales? El Gobierno argumenta que habrá “marco legal más preciso”, pero el desafío será traducir esa promesa en reglas claras, monitoreables y con participación local real.
Desde la perspectiva del sector minero, la resolución puede marcar un punto de inflexión: si se implementa con rigor, podría desencadenar una ola de inversiones que hoy muchas empresas prefieren frenar por la ambigüedad regulatoria. Pero si queda en letra muerta o no se controla adecuadamente, el costo reputacional y ambiental podría ser alto.
En definitiva, lo que propone Perea es más que una reforma administrativa: es una apuesta decidida al crecimiento minero como motor del desarrollo. Queda por ver si la nueva resolución se convierte en un puente hacia un boom sustentable o en un riesgo regulatorio a largo plazo.
